18 de marzo de 2014

Reforma fiscal, año cero

El 'Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributario español', presentado el pasado jueves, debería haber sido el punto de partida para acometer la profunda e imprenscindible reforma que las cuentas públicas de España, de la cual pende el afianzamiento de de los débiles datos que actualmente apuntan a la recuperación económica. Desgraciadamente, la lectura de las casi 500 páginas del llamado Informe Lagares no permite atisbar una base mínimamente sólida donde anclar una salida sostenida a esta crisis, aplicando las enseñanzas extraidas de las causas que dieron lugar a ella que, como el recientemente fallecido David Taguas apunta en su libro 'Cuatro Bodas y un Funeral', son: nuestro apego al gasto público, nuestra excesiva ponderación del presente en la elección intertemporal entre cosumo y ahorro, nuestra creencia en que debe mantenerse siempre y en cualquier circunstancia el poder adquisitivo de los trabajadores y -por último- la excesiva dependencia del crédito. De ninguna de las 125 propuestas contenidas en el documento, se puede deducir que se hayan elaborado con la visión de paliar la fuerte deuda externa y el insoportable nivel de desempleo que no deja de rondar el 26%.

Al margen de alabar medidas concretas -como la necesaria eliminación de la tributación por el sistema de módulos en el IRPF o del Impuesto sobre el Patrimonio-, de no compartir otras -como el incentivo de la financiación empresarial en el Impuesto de Sociedades vía deducción a la capitalización, en detrimento del endeudamiento, en lugar de hacer deducibles los dividendos y la capitalización de reservas-, de criticar abiertamente otras -como la propuesta de exprimir la vivienda a través de un nuevo IBI y el IRPF, pretendiendo seguir sacando jugo de los frutos de la burbuja inmobiliaria- o de no detectar graves ausencias en cuestiones previas a la implementación de otras -como la progresividad en frio, es decir, los impuestos que pagamos fruto de la inflación, con una tarifa del IRPF sin deflactar desde 2008-; al margen de todo ello, las propuestas del Informe Lagares deberían haber partido de que, como dijo el Presidente Aznar en el año 2000 "no se trata de bajar el IRPF para subir un impuesto indirecto, sino para que la economía crezca sobre bases sanas". Todo lo contrario, esta propuesta de reforma fiscal parte del error de justificar el gasto para justificar la recaudación. Las propias declaraciones de los expertos no han dejado lugar a dudas sobre ello: presumen de su efecto recaudatorio neutro. Hay que reconocer el carácter integral del informe. En palabras del propio Lagares: no se ha dejado titere con cabeza ni impuesto que evaluar. Pero esa labor se antoja valdía cuando ni tan siquiera se evalúala correlación entre consumo de servicios públicos y pagos, ni se propone ni una sola medida para mejorarla.

Si resulta incompresible que el mismo Manuel Lagares que encabeza este grupo de expertos, encabezara el grupo de expertos que redactó la reforma fiscal de 1998 -aunque es cierto que no hay recetas infalibles para tiempos y problemas heterogéneos-; lo es aún más que se justifique que el eje de la reforma es prácticamente idéntico al que desde hace años vienen marcando a España los organismos internacionales. La realidad es que, al margen a las condiciones marcadas en el Memorando de Entendimiento sobre Condiciones de Política Sectorial Financiera firmado en 2012 (la famosa ayuda a la banca)España unicamente está condicionada por un sistema de recomendaciones a las que someterse mientras el Banco Central Europeo interviene permanentemente los mercados para que las primas de riesgo no se disparen. La Unión Económica y Monetaria sigue cojenado por la falta de desarrollo de la unión bancaria y fiscal. Europa sigue careciendo de una Autoridad fiscal única, en el seno de la cual los socios europeos pacten cualquier expansión o reducción del gasto público o subidas y bajadas de impuestos, de modo que la actuación ante la crisis sea unanime y sus efectos más amplios que si lo hiciese cada gobierno de forma aislada. La verdadera condicionalidad, en cambio, vendrá con la asunción por parte del BCE -a finales de 2014- del papel de supervisor de las entidades financieras, que traerá aparejado una más que previsible limitación sobre la tenencia de la deuda pública española. Ese escenario requiere estabilizar la deuda pública y romper el circulo vicioso de la deuda soberana y la solvencia bancaria. Por eso la reforma fiscal no puede tener un efecto recaudatorio neutro. Por eso no puede limitarse maximizar la recaudación y minimizar la reducción de gasto, cuanto este se encuentra siete puntos por encima de los ingresos.

Tampoco puede proponerse una armonización fiscal de los impuestos autonómicos al alza, que sólo fomenta el despilfarro, cuando lo que debe fomentarse es la responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas para que -como los Ayuntamientos y el Estado- sean vistos como recaudadores y sus decisiones sobre ingresos y gasto, tengan costes políticos, desterrando el victimismo que con tanta fruición cultivan algunos -con innegable rédito electoral- y dejen de repartirse el dinero público como una tarta. Porque lo más inquientante es la sensación de que esa homogeneización fiscal sea más para contentar las reivindicaciones de ciertas comunidades autónomas, quejosas de su insuficiencia de fondos, antes que para beneficiar al contribuyente.

Una propuesta de reforma fiscal que no identifica las principales necesidades del país y el volumen de recursos necesarios para hacer frente a los retos de futuro, es una propuesta incompleta. Porque más allá de los discursos sobre la baja eficiencia del sistema fiscal español, del escaso poder recaudatorio del catálogo de impuestos o del falaz discurso de la presión fiscal -cuando lo que debe tenerse en cuenta es el esfuerzo fiscal que están soportando familias y empresas-, lo cierto es que el actual nivel de gasto público atenta contra cualquier asignación racional de recursos y se antoja insostenible para la capacidad productiva de España. 

Sentada esta premisa, debemos plantearnos la necesidad de propiciar un cambio de nuestra propia economía, para reforzar sus potencialidades y eliminar sus lastres, incentivando lo bueno y penalizando lo malo, transformando nuestro sistema fiscal. Debemos dejar de empeñarnos en seguir aplicando impuestos sobre aquellas actividades que generan mayor valor social, dejar de castigar los salarios de los trabajadores y a las empresas que desarrollan actividades que aumentan el bienestar, y dejarnos de premiar a aquellos que contaminan o destruyen el capital ecológico. Es el único camino para aumentar de forma estable nuestra competitividad, poniendo en marcha las transformaciones y las inversiones tecnológicas necesarias para operar con mayor eficiencia de costes y mediambiental. Pero nada de ello será posible sin un aumento del ahorro de familias y empresas, cuya única vía de consecución pasa por la reducción del esfuerzo fiscal. Y para que esa reducción pueda ser apoyada por mercados e instituciones, es imprescindible la reducción del tamaño del sector público.