27 de febrero de 2014

Céntimo sanitario. Crónica de urgencia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hecho público hoy su dictamen por el que declara que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (popularmente conocido como "céntimo sanitario") vulnera la legislación comunitaria. El dictamen secunda el criterio ya manifestado, en su día, por la Comisión Europea que no existe un vínculo congruente entre el importe de dicho impuesto y los problemas sanitarios o de protección ambiental que tuvieran por objeto remediar y estuviera sujeto a la condición de coonsumo de hidrocarburos.

En la definción original del centimo sanitario está su propia errónea formulación. El impuesto se creo para satisfacer cuestiones banales del sistema de financiación autonómica ante el traspaso del las competencias en materia de sanidad a las Comunidades Autonomás. La anulación de este impuesto -que en realidad ya no se cobra como tal, al haberse incorporado su gravamen al Impuesto sobre Hibrocarburos-, además de traer como resultado el indebido cobro de 14.000 millones de euros que genera derecho de devolución -aunque en la práctica no llegará a ser efectivo en más de un 30 o 40% por prescripción o ausencia del apoyo documental por parte del consumidor final para reclamar- abre un importante agujero en las cuentas públicas de las administraciones implicadas.

Pero la más importante de las conclusiones que debemos extraer de esta dictamen es la constatación del carajal que tenemos montado en el sistema de financiación autonómico. Ayer mismo el REAF-REGAF, órgano especializado del Consejo General de Economistas de España, presentaba como cada inicio de año su Panorama de la fiscalidad Autonómica y Foral. Sus conclusiones son tan demoledoras, si cabe, como el dictamen dado hoy a conocer por el TJUE: "El sistema de financiación de las CCAA actual adolece de transparencia y equidad. El principio de corresponsabilidad fiscal no se puede cumplir, a pesar de la amplitud de la capacidad normativa de las CCAA, porque de la recaudación de los impuestos cedidos, y debido al juego de los distintos Fondos, no queda en cada región más de un 25%, pasando el resto a repartirse según diferentes criterios. Por otra parte, la técnica legislativa en la mayor parte de las CCAA es muy cuestionable si tenemos en cuenta que se legisla mucho, se modifica la normativa muy a menudo y los tipos reducidos, las reducciones, las bonificaciones y deducciones se suelen condicionar a multitud de requisitos que, además, en muchos casos se deben de cumplir en el futuro".

La conclusión es clara: hemos construido un sistema que, soslayando los criterios básicos de un sistema tributario, ha tratado de paliar las deficiencias de un sistema de financiación autonómica como una tarta, con el que hay que acabar para dar paso a un sistema responsabilidad fiscal. Continuar en lo mismo, lejos de garantizar el estado del bienestar que se pretende preservar, lo pone en grave peligro. Hemos vivido tan bien, estos últimos veinticinco años, recibiendo fondos de todo tipo, que el sistema se ha convertido en un voraz rumiantes de recursos, mientras sus gestores nos contaban las ventajas de adoptar el estado del bienestar en el que vivían en el norte de Europa, pero que se olvidaron de explicar que la cuestión social en el norte tiene otro sentido y que tuvieron que hacer un esfuerzo extraordinario para conseguirlo; mientras que aquí, considerándolo derecho subjetivo, lo adoptamos sin aportar ningún valor añadido.

Y sólo es ahora -con las vergüenzas del sistema al descubierto- cuando se reclama, en el marco de la negociación de la financiación autonómica, que los recursos son insuficientes para sustentar este irrenunciable estados del bienestar que no hemos dado, y que no podemos perder financiación o que -ordago a la grande- son necesarios más recursos. No, no son insuficientes. Están mal asignados y gestionados. Porque mientras, como en el caso de Asturias, los gestores de la sanidad maquillan las cifras de las listas de espera, ponen encima de la mesa la necesidad de asignar mas recursos para solucionar problemas que no son fruto de la falta de recursos, sino de la incompetencia, de la acomodación de no tener recaudar lo que se gasta y de no sufrir las consecuencias de gastar lo que no se tiene.

Lo cierto es que las Comunidades Autónomas deben acometer una reducción del gasto -si o si-, no pueden seguir gastando más de lo que ingresan. Y ese ahorro sólo podrá venir cambiando las prioridades de su acción, continuando siendo responsables de los grandes servicios públicos, fomentando la competencia entre los centros que los proveen y eliminando toda la red paralela de la administración y el insoportable gasto del sector empresarial público, que restan competencia a la propia administración y a las empresas del sector.