25 de febrero de 2014

Autonomías responsables para una financiación responsable

La semana pasada escribía en el periódico digital asturias24 un artículo en el que abogaba por acabar con la tarta de la financiación autonómica. En síntesis, apunto en ese artículo el doble error que se comete por parte de las comunidades autónomas al considerar la financiación autonómica como una tarta -que se reparte en función de las necesidades de cada comunidad autónoma: dispersión, envejecimiento...- y no asumir la imposibilidad de mantener un gasto corriente que se generó con ingresos extraordinarios. Critico también en ese artículo que mantenerse en ese error es persistir en los graves errores que la nefasta Ley de Financiación de 2009, al distribuir los fondos de financiación bajo el criterio del concepto de "población ajustada", una definición opaca que esconde un reparto atendiendo a factores políticos, en lugar de hacerlo atendiendo a criterios de austeridad y promoción económica.

El actual sistema de financiación no es más que el último paso en una cadena de despropositos en el vano intento por apaciguar las demandas nacionalistas catalanas. Las demandas se han ido incrementando en proporción exponencial a la asunción de competencias y de la financiación correspondiente. Un proceso único en la descentralización administrativa -iniciado en 1981 con los Acuerdos Autonómicos- que no tiene parangón en Europa y que, sin embargo, nos ha puesto al borde de las advertencias que, poco después de haberse llevado a cabo el proceso autonómico, hizo Adolfo Suárez sobre los riesgos de las pretensiones sobreranistas: la quiebra del espacio económico común y la inseguridad jurídico que ello acarrearía al ciudadano. "Las autonomías que proyectamos serán unas autonomías solidarias -afirmaba Suárez-, de suerte que las comunidades más ricas y más prósperas no puedan desentenderse de los problemas que aquejan a las menos desarrolladas o las más marginadas". 

Tocqueville, en La democracia en América, señala que "a medida que los ciudadanos se hacen más iguales, disminuye la inclinación de cada uno a creer ciegamente en cierto hombre o en determinada clase". Por ello resulta de todo punto incomprensible que se pretenda un nuevo sistema de financiación autonómica para repetir -todos en conjunto- los errores que nos han traído hasta aquí: señalar las desigualdades (dispersión, envejecimiento..) e incidir en ellas, especificar los elementos diferenciadores y actuar sobre las leyes para provocar estatutos jurídicos diferentes. Es decir, que en lugar de buscar la igualación jurídica dentro del propio marco de actuación, pretendemos seguir distribuyendo el falso pasto ideológico de la imposible igualdad material de los ciudadanos -perseguida todos estos años por los nacionalistas- escondido ahora tras la educación, la sanidad y los servicios sociales, cayendo en lo mismo que tanto hemos criticado a los catalanes.

En esta huída hacia ninguna parte, el Gobierno de Asturias -junto a otros gobiernos autonómicos- se ha enrocado en rechazar una financiación autonómica "por debajo" de la actual, aduciendo para ello la diferencia del coste de los servicios en función de -nuevamente- la dispersión y el envejecimiento de la población. Y a renglón seguido, el pasto ideológico: educación, sanidad y servicios sociales están en peligro. Pero aquí están ellos para defenderlos. Desde que se transfirieron a las comunidades autónomas, los gastos en sanidad se han duplicado. Pero un coste, que escandalizaría a cualquiera, se justifica en cuanto se introduce el termino "sanidad", o "educación", o "servicios sociales"; como si no hubiese despilfarro.

Ninguno de ellos, en cambio, quiere asumir que las autonomías, con responsabilidad de gasto y no de ingreso, no funcionan. Pero lo que es aún peor, ninguno quiere asumir la inevitable reestructuración del Estado autonómico y del sistema político que exigen, de acuerdo con todas las encuestas, la gran mayoría de los ciudadanos. El profesor Luis Garicano, en su último libro El dilema de España, apunta la oportunidad de usar las demandas de Cataluña para acometer esa reforma en la que -como apuntaba en mi artículo Acabemos con la tarta de la financiación autonómica- cada Gobierno se responsabilice de sus presupuestos y sus electores para poder juzgarlos con claridad. Y en ese camino sólo la responsabilidad fiscal es la opción viable para erradicar el exceso de gasto -fruto de los ingresos extraordinarios-, eliminando de raíz la dependencia de la subvención estatal, que desincentiva el desarrollo del sector privado y defrauda las aspiraciones de progreso de la región. Una responsabilidad fiscal que promueva la generación de riqueza en lugar de exaltar necesidades, y que ligue la percepción de fondos públicos a la liberalización de la economía regional, la rebaja selectiva de impuestos y la austeridad.