3 de septiembre de 2012

La Administración, una reforma en marcha

El primer post de este blog lo dedique, hace ya cuatro meses, a exponer mi visión sobre la propuesta de fusión de Ayuntamientos en el marco de los acuerdos entre el PSOE y UPyD para que Javier Fernández fuese investido Presidente del Principado de Asturias.

Manifiesto en ese post mis dudas sobre dicha propuesta de fusión, planteando como alternativa la consecución de un modelo de Ayuntamientos con estructuras reducidas y simplificadas, que faciliten el desarrollo económico y social, que colaboren con el resto de las Administraciones en la prestación de servicios integrados, y sobre todo, que permita colocar a los ciudadanos en el centro de su actuación y que permita un margen suficiente para el establecimiento de políticas propias. Ayuntamientos donde se de un nuevo impulso a la democracia y la transparencia. Os invito a releerlo.

La reforma de la Administración no es un asunto que se deba elegir, sino que es algo que está impuesto a corto y medio plazo. Debemos entender la política como un trabajo al servicio de la sociedad y, por lo tanto, las expresiones prácticas deben adaptarse a esa realidad siempre que no sean efectivas. Trazar grandes líneas para el municipalismo es complejo y debe ir más allá de eliminar o fusionar Ayuntamientos. La administración local es eficaz. Todos los que hemos estado implicados en ella lo sabemos. Pero, ahora, el reto, es ser eficiente. Y, en ese camino la reforma de nuestra Administración Pública, que el Gobierno de España ya ha puesto en marcha con el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional del Estatal, el Plan de Pago a Proveedores y la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, deben abarcar todos los niveles: el estatal, el autonómico y el municipal.

Hay que replantear el modelo de gestión presupuestaria. ¿Por qué no utilizar la contabilidad financiera, analítica o de costes?. Necesitamos una cuenta de resultados para determinar la eficiencia de las políticas públicas ante la innegable situación de que los recursos son cada vez más escasos.

Hay que introducir en la gestión pública la cultura de la evaluación que ayude a tomar decisiones de continuidad, reducción, ampliación o eliminación de los servicios públicos. Debe darse cuenta a los ciudadanos de en que se invierte su dinero. La evaluación y la transparencia deben ser los pilares básicos de una nueva Administración. Deben medirse los resultados generados y asociarlos a su coste y debe fomentarse un uso responsable de los servicios públicos. 

Hay que reordenar las competencias. No toda entidad con poder político tienen por qué tener capacidad presupuestaria y administrativa. La convergencia hacia un modelo de gestión unificada pasa por la complementariedad entre administraciones y la agregación territorial en el diseño de los servicios públicos. Por ello es necesario acabar con las duplicidades, no sólo entre niveles administrativos (Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento) sino también dentro de cada nivel (fundaciones, empresas públicas y entes autónomos).

Hay que redefinir el catálogo de servicios públicos y definir nuevos modelos de organización donde los servicios de gestión sean compartidos entre departamentos. Hay que aligerar las tareas de los procesos administrativos, reducir burocracia y papeleo e instaurar el uso generalizado de las nuevas tecnologías para conseguir un modelo de prestación de servicios públicos más flexible, rápido y menos costoso.

Unos servicios públicos flexibles exigen una función pública flexible que permita adaptarse a cambios en la gestión o a la asunción de nuevos retos: necesitamos directivos públicos y gestores públicos. No se trata de funcionarizar la política, sino de profesionalizar la función pública en un proceso constante de formación y reciclaje, de acuerdo con las necesidades que en cada momento se demande.

Todas las Comunidades Autónomas han querido ser un Estado y cada Ayuntamiento ha querido ser una Comunidad Autónoma. Hay que acabar con el minifundismo de los servicios públicos, en especial el tributario. El criterio de la cercanía al ciudadano, como elemento determinante para el establecimiento de un servicio, ha fomentado ese minifundismo y lo único que ha logrado es alejar a los prestadores de los servicios de los beneficiarios. Es necesario, por tanto, instaurar la planificación estratégica, como norma de funcionamiento. Una planificación que tome como base un territorio e involucre a todos los niveles administrativos.

En definitiva, y como dije al principio, una Administración centrada en la atención a los ciudadanos.