5 de septiembre de 2012

Cent Jours

Se cumplen hoy los primeros cien días desde la toma de posesión del Gobierno de Asturias encabezado por el socialista Javier Fernández. Cien días tan decepcionantes como los once meses anteriores y los cien primeros días del breve (por voluntad propia) Gobierno de Foro Asturias.

Los caprichos de la Historia, y de alguno de sus actores,  han querido que lo vivido en Asturias en el último año y medio tenga un paralelismo con los once meses de retiro de Napoleón en la Isla de Elba observando los acontencimientos en Francia y los Cent-Jours que siguieron a ese retiro, conocidos más popularmente como la Campaña de Waterloo. Al Waterloo asturiano le quedan aún 1089 días. A la vista de los cien anteriores, no se vislumbra que este Gobierno abandone su resistencia a asumir su responsabilidad de gobernar y deje de hacer oposición al Gobierno de España.

Fuera de la anecdota histórica, el final de este período, que la tradición pide para cualquier nuevo ejecutivo para asentarse y presentar sus proyectos, coincide con la publicación de los datos del desempleo correspondientes al mes de agosto. La cifra de 93.943 desempleados confirma la alarmante situación en la que se encuentra Asturias, situada a la cabeza de las comunidades autónomas con mayor crecimientos del desempleo en tasa interanual y en cifras record no alcanzadas ni en plena recoversión industrial.
A la profunda crisis que está viviendo nuestra región se ha unido el hecho que se han perdido mas de un año y medio (al que hemos dedicado doscientos dias a periodos de gracia) sin que ninguno de los dos  Gobiernos que hemos tenido haya presentado ante la Junta General del Principado de Asturias ni una sola propuesta para ejercer sus competencias y desarrollar políticas generadoras de actividad empresarial y de creación de empleo, demostrando que ni tienen soluciones a los problemas de nuestra región ni saben como afrontarlos.

Nadie se ha acordado de los emprendedores, de favorecer su establecimiento y consolidación, de reducirles las cargas administrativas y de coordinar las políticas y servicios de apoyos a PYMES y empresas, de facilitarles el acceso al crédito, de mejorar su capacitación, de establecer un sistema de validación y calificación de proyectos con base tecnológica para facilitarles el acceso a su financiación, de establecer y potenciar instrumentos de internacionalización y de sensibilizar y promover la creación y consolidación empresarial desde la escuela hasta la Universidad, introduciendo en los decretos de desarrollo curricular contenidos relacionados con los emprendedores en todos los niveles.

Una cuestión tan fundamental como la transformación y modernización de la Administración ha sido tratado exclusivamente como elemento negociador para alcanzar mayorías parlamentarias. Ahí se ha quedado, en una declaración de intenciones que en cien días no ha avanzado hacia el diseño de una función pública imparcial y de calidad y una nueva política de recursos humanos, a la asignación de los recursos disponibles a las auténticas prioridades con un riguroso control del gasto y acompañado de sistemas eficaces de medición de los recursos empleados y los resultados obtenidos. No se han hecho absolutamente nada por avanzar en la transparencia, en reforzar los controles previos y las responsabilidades exigibles y en mejorar la rendición de cuentas, en la reducción de costes, trámites y plazos.

No se han tomado las medidas necesarias para delimitar un reparto coherente de las competencias entre las distintas administraciones (local, regional y nacional) de forma que se eviten las duplicidades actuales, determinando a quien corresponde asumir la gestión y financiación de los diferentes servicios y con ello se posibilitará el mantenimiento de los servicios públicos con una reforma del régimen jurídico y financiero, para conseguir una administración menos burocratizada y que cada servicio público esté a cargo de la Administración que acredite ser mas eficiente en cada uno de los casos. Todo parece indicar que estaremos otra legislatura más (y fue un compromiso del primer Gobierno del socialista Álvarez-Areces) dando vuelta al asunto de la duplicidad de competencias y la financiación.

Quedan 1089 de legislatura para enderezar el rumbo, para asumir el principio de responsabilidad general sobre el bienestar de la comunidad que, vistos los cien días que los han precedido, parece que no se está dispuesto a asumir por parte de un Gobierno decidido a que no pase por el caliz de tener que sacarnos de la cienaga de doce años de socialismo en Asturias.